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La Justicia versus la Autonomización de la Corporación Policial y la usurpación a la Granja de Niños Pajaros

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Los jujeños y jujeñas hemos asistido por estos días al pavoroso espectáculo de una fuerza “de seguridad” autonómica que, además de utilizar metodologías de protesta que luego alegremente reprimen, no puede tomarse más que como una extorsión colectiva para terminar cobrando un salario mínimo superior al de un médico o un docente, incluso superando el mínimo de un docente de 22 años de antigüedad que no pueda llegar a las 40 horas cátedra.

Esta defensa corporativa de la “familia” policial supera el aspecto salarial para colarse en otros ámbitos, como la cobertura ante ilegalidades cometidas por los miembros de la fuerza en casos de gatillo fácil, abuso de autoridad, etc.

Lo sucedido desde que en octubre presentáramos una denuncia frente a la ilegal usurpación de nuestra granja comunitaria por parte del policía Rubén Fernando Martínez y sus amenazas armadas, no es más que una muestra cabal de como funciona la corporación policial.

Al día de hoy, pese a que Martínez está imputado del delito de usurpación y amenazas con armas, y existe una orden judicial de DESALOJO a requisitoria del Fiscal Dr. Aldo Lozano, y tras su intimación desoída por el usurpador la que fue firmada por el Juez Gutiérrez, la misma no se cumplió por parte de la policía de la provincia, ni tampoco fue respetada la medida cautelar de NO INNOVAR dictada contra Martínez por el Juez Cabana de la Secretaría N° 7, que también se hizo extensiva al Director de Tierras Fiscales Oscar Ibarra, y al director del Registro General de Inmebles.

Así, la corporación policial demuestra su poder y autonomía desobedeciendo nada más y nada menos que la orden de dos jueces y el pedido de un fiscal mientras el policía Martínez sigue usurpando nuestra granja, haciendo modificaciones a gusto en el terreno, destruyendo nuestras construcciones y golpeando y amenazando con su banda, con palos y machetes, a miembros de la cooperativa AYNI y a nuestros compañeros, quienes deben soportar la lluvia y cuyo control de desborde de impotencia corre a cargo de los efectivos de la comisaría 33, que para más “inri” ni tienen jurisdicción sobre la zona.

De esta forma, como botón de muestra y una pieza más del rompecabezas actual, los docentes y niños de la biblioteca, así como los miles de niños y docentes de la provincia, esperamos impacientes a que la justicia no sea una institución desoída sino una realidad socialmente extendida.

Fuente: Biblioteca Popular y Centro Cultural “Niños Pájaros” Pampa Blanca esq. La Almona, B5 Alto Comedero. Pers. Jur. 5411/2.

Ex jefe de la Policía de Jujuy condenado a prisión perpetua por la Masacre de Capilla de Rosario de Catamarca

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Los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados hoy a prisión perpetua por la denominada Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 12 de agosto de 1974 en la provincia de Catamarca, en la que 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron fusilados.

En una sala colmada por integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas, concluyó el proceso judicial -el segundo por crímenes de lesa humanidad en esta provincia-, que se extendió durante cinco meses y donde prestaron declaración más de 50 testigos.

El Tribunal del Juzgado Oral Federal, integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas, y Carlos Jiménez Montilla, condenó a Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”. La sentencia tuvo la disidencia parcial del juez Casas, quien votó por la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código Penal, por falta de mínimo penal que no permite mensurar culpabilidad y propone pena de prisión de 16 años.

En la resolución, se dispuso además la inhabilitación absoluta y perpetua de los sentenciados.

Asimismo, se describió que el homicidio doblemente agravado, correspondió a la muerte de Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (alias) Héctor Moreno, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque Lopez, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilio Dardo Betancour Roth, Alberto Rosalez y Hugo Enrique Caccivilliani Caligari.

El Tribunal dispuso además que los condenados Carrizo Salvadores y Nakagama continúen en prisión en el Servicio Penitenciario de Miralores en la Provincia de Catamarca y que Acosta cumpla su condena en el Servicio Penitenciario de la localidad de Bower de la Provincia de Córdoba. En tanto, se fijó para el miércoles 6 de noviembre a las 12 la audiencia para la lectura de los fundamentos.

La condena del Tribunal Oral Federal coincide con lo que habían solicitado los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de la Provincia.

Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta fueron condenados por el hecho ocurrido el 12 de agosto de 1974 en la quebrada de “Los Walther”, en adyacencias a Capilla del Rosario, a unos 20 kilómetros al norte de la capital.

Allí fueron fusilados 14 miembros del ERP, quienes formaban parte de un grupo que intentó copar el Regimiento Aerotransportado 17 de ésta ciudad, pero fueron sorprendidos por la policía.

Parte de los militantes fueron detenidos, otros se dieron a la fuga y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario, luego de deponer sus armas, fue ejecutado por las fuerzas del ejército.

La búsqueda de justicia por este hecho se inició en 2004, a pedido de organismos de Derechos Humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN que habían sido enterrados en el cementerio local.

El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, y así fue que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rozales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari.

Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados y en mayo de 2009, Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre.

Con el grado de capitán, en 1974, Nakagama era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17.

Sus pasos fueron seguidos por Carrizo Salvadores, que entonces era asistente personal del Jefe del Regimiento y que en 2004 llegó a ser Jefe de Policía de Jujuy.

Finalmente, fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla.

En 2010, la Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos y dictaminó que “el fusilamiento era un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible”. Este fue el segundo juicio que se realiza en la provincia de Catamarca por crímenes de lesa humanidad.

La Policía reprimió, baleo y dejo heridos graves en el desalojo al edificio de Rentas

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Ante el brutal desalojo del edificio de Rentas de Jujuy, donde la policía provincial reprimió, baleó y dejo heridos graves, se convocó para este Jueves 29 de agosto a una movilización provincial, para lo cual habrá Paro y Concentración de los sindicatos de la Intersindical y organizaciones
sociales.

El paro será provincial y a partir de las 9 de la mañana es el horario en que las organizaciones sociales y sindicatos llamaron concentrar para expresar el repudio a la feroz represión que sufrieron los trabajadores estatales y para sostener el plan de lucha por un salario digno.

Dirigentes y militantes de los gremios de la Intersindical fueron ferozmente golpeados con balas, palos y patadas por parte de la policía, dejando el saldo de más de 20 heridos, muchos de ellos en grave estado, y unos 100 detenidos que posteriormente fueron dejados en libertad.

Ante el reclamo legítimo y justo de los trabajadores, el Gobierno de la provincia desplegó el aparato represivo tal como lo había anticipado el Vicegobernador Guillermo Jenefes. El violento desalojo que ejecutó la policía es una muestra más del autoritarismo del Gobierno provincial, que viene negando una instancia de discusión democrática y tiene una expresa voluntad de no resolver el conflicto.

Fuente: Prensa Ate Jujuy