Denuncian persecución política de Gerardo Morales hacia el Intendente de La Quiaca

Los diputados nacionales Leila Chaher y Julio Ferreyra junto a los legisladores provinciales Alejandro Snopek, Emanuel Palmieri y Mariela Ferreyra repudiaron la persecución política del Gobierno de la provincia hacia el intendente de La Quiaca. “Vemos con preocupación el claro hostigamiento hacia la gestión municipal de Blas Gallardo que se traduce en imputación de causas judiciales y ahogo financiero. La provincia adeuda la transferencia para el pago de los empleados municipales por más de 60 millones”, puntualizaron.
Los legisladores de Unión por la Patria señalaron que en “un claro hecho de persecución política” el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio Público de la Acusación imputó tres causas al Intendente. “Nuevamente Gerardo Morales a través del MPA persigue y hostiga a la oposición”.
“Esto es una muestra más del autoritarismo y persecución que ejerce el gobernador Morales contra el Intendente Blas Gallardo y todo aquel que piense distinto”, agregaron.
En ese sentido, manifestaron que “La Quiaca es el único municipio que se expresó en contra de la reforma constitucional y como consecuencia la provincia solo envío la mitad de la ayuda financiera para sueldos”.
Argumentaron que “en medio de la lucha salarial, que se lleva adelante en la provincia hace un mes, dejan a los trabajadores municipales sin sueldos. Ninguna casualidad”.
Ante esto, los legisladores expresaron una “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los empleados municipales de la ciudad fronteriza. “Gerardo Morales es el único responsable de que los trabajadores y trabajadoras no cobren sus salarios”, añadieron.
Continuando, argumentaron que “todas estas acciones las realizan porque el Intendente Blas Gallardo apoya a las comunidades originarias de la Puna en el pedido de derogación de la reforma constitucional”, al tiempo que declararon: “Esto forma parte de lo que venimos denunciamos desde diciembre de 2015; Morales solo gobierna a través del miedo, del amedrentamiento y del disciplinamiento político”.
Para finalizar, indicaron que solicitaron una reunión con el Ministro de Hacienda y Gobernador electo, Carlos Sadir, para abordar tal delicada situación. “El Ejecutivo local no puede jugar con el sustento de cientos de trabajadores y trabajadoras de un municipio provincial”.


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